3. LA SITUACIÓN PREVIA A LOS GOBIERNOS RUPTURISTAS EN EXTREMADURA Y ALENTEJO.
Cuando en 1931 se instaura en España la II República, la situación socio-económica en general y la extremeña en particular no puede ser más extrema. Con datos de Pascual Carrión – el máximo estudioso contemporáneo de los hechos, protagonista de los principales informes elaborados para el Gobierno, participante en los borradores de leyes de Reforma Agraria-, observamos que en Extremadura:
- Los grandes propietarios (de más de 100 hectáreas) constituían el 2’2% del total. Pero detentaban el 58’7% de la riqueza. Y tenían el 58% de la superficie agraria.
- Los medianos propietarios (de entre 10 y 100 Ha.) eran el 7’4%. Tenían el 23’2% de la riqueza y el 22% de la superficie agraria.
- Los pequeños propietarios (de menos de 10 Ha.) eran el 90’4%. Ellos tenían el 18% de la riqueza y el 23% de la superficie agraria.
- Ahora bien, de toda la población activa, esos grandes y medianos propietarios que acaparaban el 82% de la riqueza, representaban el 14’2%. Los pequeños propietarios eran el 16% de dicha población activa. Otro 16% eran arrendatarios y aparceros. Un 1’8% eran de diversos oficios y profesiones. Pero el 52% restantes eran jornaleros, trabajadores sin tierras.
De los datos anteriores podemos extraer que, exceptuando a ese 14’2% de grandes y medianos propietarios, el resto (85’8%) tenían serios problemas para subsistir. Las pequeñas propiedades, de secano en su mayoría y con buena parte de explotación ganadera extensiva, eran insuficientes para mantener a las familias poseedoras, que buscaban temporalmente empleo en otras propiedades mayores en épocas de recolección y siembra. Los arrendatarios y aparceros estaban hipotecados por las rentas que habían de satisfacer o la parte de los beneficios obtenidos que entregaban a cambio de la ocupación en aparcería, y también recurrían a otros empleos complementarios. En cuanto a los jornaleros, que en épocas de trabajo intensivo podían encontrar regularmente empleo -con salarios de miseria-, pasaban largas temporadas sin ocupación, malviviendo con la caza, labores marginales o saltándose la legalidad; recogían leña, bellotas y otros frutos para su familia o sus animales domésticos, por lo que eran rigurosamente perseguidos por los guardas particulares y la Guardia Civil, dando lugar a veces a terribles castigos por robos menores a que estaban obligados para no morir literalmente de hambre ellos y los suyos.
Por lo que respecta al Alentejo de 1974, la situación es bastante parecida, e incluso peor, pasados más de 40 años y tras un tremendo proceso migratorio que expulsó de la región a la mitad de sus habitantes. Así, según el Instituto Nacional de Estadística, tenemos:
- Explotaciones de más de 500 Ha.: 0’5% del total, acaparando el 47% de la superficie.
- Explotaciones entre 10 y 500 Ha.: 6’5% del total, con el 34% de la superficie.
- Explotaciones de menos de 10 Ha.: 93% del total, con el 19% de la superficie.
- Sin embargo, los medianos y grandes propietarios, siendo el 10% de la población activa ostentaban la propiedad del 81% de la tierra.
- Los jornaleros constituían el 80% del total de la población agrícola. No existían, a diferencia de Extremadura, yunteros, aparceros y arrendatarios en porcentajes significativos, con lo que la “proletarización” del campo era incluso mayor.
La vida de buena parte de los pequeños propietarios, así como la de los jornaleros, era similar a la de los extremeño: dependientes de una tierra poco productiva en los primeros y de un empleo postemporadas míseramente remunerado en los segundos. Necesitados de recurrir a la “rebusca” en los campos abandonados o tras ser cosechados los productivos, y practicar la caza furtiva o los pequeños hurtos, muy perseguidos igualmente por los guardas particulares y la Guardia Nacional Republicana, aún más dura si cabe que la Guardia Civil de los años veinte en España, con el recurso frecuente a la prisión indiscriminada, el maltrato y la tortura.
Otro agravante: en los momentos prerrevolucionarios españoles el movimiento obrero gozaba de cierta tolerancia, al menos intermitentemente; tanto los sindicatos (sobre todo la UGT, fundada en 1888) como los partidos, incluido el PSOE, que desde su creación en 1879 era la única fuerza política obrera; en Portugal, la prohibición era absoluta y la persecución intensa, en especial de la única fuerza disidente organizada: el Partido Comunista, fundado en 1921, y que ya desde 1930 tuvo que pasar a la clandestinidad.