Selecção de Júlio Marques Mota
DO ATLÂNTICO AO MEDITERRÂNEO – PORTUGAL, ESPANHA e GRÉCIA EM BUSCA DE UMA SAÍDA
Armando Fernández Steinko
Universidad Complutense de Madrid
Del Atlántico al Mediterráneo:
Portugal, España y Grecia en busca de una salida
Parte V
(CONTINUAÇÃO)
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La primera modernización destructiva: crecimiento sin desarrollo
Uno de los principales retos de la modernización de los PEGs era/es qué hacer con todo este mundo, cómo insertarlo en el nuevo espacio institucional creado con las constituciones democráticas, cómo transformarlo y “modernizarlo” sin tener que pagar un coste laboral y ambiental demasiado alto. Es imposible hacerlo sin el apoyo de los poderes públicos, sin la creación de potentes infraestructuras educativas, municipales y económicas de ámbito local, sin fuertes inversiones en tecnologías más intensivas en trabajo que en capital o sin medidas destinadas a reducir su atomización (por ejemplo en forma de cooperativas) . Cuando no se hace así, el coste de su modernización puede llegar a ser muy grande (crecimiento urbano descontrolado, aumento del paro y de las desigualdades sociales etc): es “crecimiento sin desarrollo”.
El tejido tradicional de Europa Occidental, mayoritario tras la Segunda Guerra Mundial incluso en países altamente desarrollados como Alemania Federal (Lutz 1984), se ha ido modernizando gracias a la acción de políticas comprometidas con la creación de una nueva productiva orientada al desarrollo interno de los países. No se puede decir lo mismo de los sectores tradicionales de los PEGs. La modernización que conocieron tras las devualuaciones de sus monedas en los años 1950, estuvo soportada por inversiones muy intensivas en capital y poco intensivas en trabajo (para Portugal: Lains/Ferreira da Silva 2005, para España: Moral Santín et al. 1981, para Grecia: Freris 1986). Estas inversiones altamente selectivas, empujaron la productividad media hacia arriba pero fueron creando un tejido dual que generó crecientes diferencias de desarrollo regional y de renta per cápita. Es verdad: también en Portugal y España se adoptaron políticas de planificación económica en los años 1960 (Planos de Fomento, Planes de Desarrollo), y las iniciativas industrializadoras de los gobiernos griegos de aquella época son considerados “muy innovadores dado su carácter integral y sistemático” (Freris 1986: 130). También estas políticas industriales se beneficiaron del carácter regulado del capitalismo global que admitía una expansión importante del sector público. Esta constelación generó en los PEGs el crecimiento económico más alto del -junto con el de Japón y Turquía- así como un aumento sostenido de la productividad. El acercamiento más importante de su renta per capita a la media europea (en España del 60% en 1960 al 82% en 1975) se produjo justamente es estos años, a parte del efímero sueño de la convergencia nominal a partir de la segunda mitad de los años 1990 (ver abajo).
Con todo: ninguno de las tres experiencias modernizadoras es comparable, por ejemplo con las incitativas francesas, británicas o italianas de la época. Los gobiernos del sur no disponían de suficientes recursos económicos y su nivel de recaudación les daban poco margen material de maniobra. La razón última no es económica sino política: faltaba un pacto social entre capital y trabajo que sentara las bases de un sector público importante. El sector público español (16% del PIB) y el portugués (17%) quedaban muy lejos del 30% italiano o de más 40% francés por esos mismos años 1960 y hacia mediados de los años 1970 las diferencias de gasto público con respecto a Italia y Francia eran aún de más de diez puntos (24% frente al 36%). Los planos y planes incluían la acción del Estado y la retórica nacionalista potenciaba la imagen de un Estado económicamente activo. Pero su actividad era más político-represiva que económica pues el fin principal de estos planos y planes era el estímulo de la iniciativa privada (Moral Santín et al. 1980). El grueso del capital invertido durante esos años era privado y su efecto global más bien modesto (para Portugal Lains 2006: 176, para España: Martínez Cortiña et al 1975). En definitiva: los “treinta gloriosos” del capitalismo domesticado europeo no tienen tanto que ver ni con la “era dorada” (Das Neves) que vivió el salazarismo entre 1958 y 1973, ni con el “milagro económico” del desarrollismo franquista, ni tampoco con el despegue modernizador de los tiempos de Karamanalis en Grecia por mucho que algunos indicadores económicos puedan sugerirlo.
España es el país en el que más rápida y radical ha transcurrido este proceso. En tan sólo 20 años su población agraria pasó del 50% al 25% de la población activa (1950-1975) frente a los 33 años que duró este mismo proceso en Italia y los casi 90 años en Francia (García Delgado/Muñoz Cidad 1988). Es verdad: se produjo un ciclo modernizador de tipo fordista que creó una incipiente clase media y una -pequeña aunque influyente- clase de managers vinculados más a la gestión que a la (gran) propiedad rentista. Surgieron de la nada varios islotes fordistas vinculados a sectores tecnológicamente punteros y muy intensivos en capital: el químico, el energético, el del automóvil etc.. (Fernández Steinko 2010: 258ss.). Pero estaban rodeados por un vasto y cada vez más caótico tejido tradicional desprovisto de las infraestructuras físicas, humanas, educativas, sanitarias y sociales más elementales. La “destrucción” dominó sobre la “creación” schumpeteriana como bien puede apreciar cualquiera que visite hoy sus antaño hermosas ciudades y paisajes (para Grecia: Pirounakis 1997: cap. 9).
La segunda modernización destructiva: la Comunidad Europea
El ingreso en la CEE ha tenido un efecto contradictorio sobre la modernización democrática de los PEGs. Hay una doble razón. La primera es que se produce en una situación de derrota de la izquierda y de consolidación del proyecto atlántico. Este se basa en la eliminación de todo tipo de barreras legales, geográficas y culturales que pudieran impedir el libre movimiento de los capitales internacionales más productivos y respaldados por gobiernos influyentes en la arena internacional (“colonización capitalista del sector tradicional”: Rosa Luxemburg). Las élites que pilotaron este proceso, pero también la mayoría de los intelectuales y de la opinión pública, asociaron el proyecto atlántico con la prosperidad europea de la postguerra para legitimar las duras condiciones de integración. Sin embargo, la comprensión que habían mostrado las grandes corporaciones norteamericanas para con las políticas proteccionistas de los gobiernos europeo-occidentales en los años de la segunda posguerra, tiene muy poco que ver con las políticas propuestas por la Comisión Trilateral en los años 1970 y 1980 para los PEGs (ver arriba). La segunda razón es que dicho ingreso se produjo en un momento en el que el sustrato cooperativo del proyecto europeo empezó a debilitarse frente a su sustrato competitivo y el avance de las políticas neoliberales en Bruselas.
En 1993 entró en vigor el acuerdo sobre libre circulación de mercancías, capitales y personas así como el Tratado de Maastricht. Ambos representan “la mayor desregulación de la historia económica” (Huffschmid 1994). Dicho acuerdo expuso el aún inmenso tejido tradicional del sur -y también del Este del Europa- a la rápida penetración de los grandes capitales internacionales. Lo hizo -y esto es fundamental- cerrando la posibilidad de desarrollar políticas industriales activas comparables a las de los años 1960. Por tanto, y a diferencia de lo sucedido quince años antes, nuestros países tuvieron que afrontar una doble destrucción durante el período democrático. Las políticas agrarias comunes, la rápida reducción de aranceles, la construcción de vías de transporte financiadas con dinero comunitario y otras medidas destinadas a reducir el coste del transporte de mercancías que permitían los productos centroeuropeos competir incluso en los espacios más apartados de los territorios del sur: todo esto hizo posible una nueva ola de colonización capitalista del sector tradicional mediterráneo que, al menos en el caso de España, fue en parte más rápida aún que la primera (Lutz 1984: 262). La segunda destrucción afectó, además, al tejido moderno, preferentemente industrial, que se había venido creando con no pocos esfuerzos humanos, fiscales y tecnológicos desde los años 1950. La cancelación de las políticas industriales activas, bien impuestas por Bruselas, bien consideradas obsoletas por parte de las élites nacionales por razones ideológicas o pragmáticas, tuvieron este efecto. Ambas destrucciones produjeron en nuestros países las tasas de desempleo más altas de la OCDE.
Pero en ninguno de los tres ha alcanzado el desempleo los niveles de España. Tiene con menos barreras de proteccionismo natural que Portugal y que Grecia (está más cerca de los grandes centros de producción continental, su territorio no está diseminado en islas como el griego etc.). Su despegue industrial de los años 1960 ha sido (aún) más intensivo en capital que el portugués y el griego, y sus autocráticas empresas fordistas tuvieron un comportamiento particularmente rígido durante la crisis de mediados de los 1970 (datos comparativos en Lains 2006: 191). Sus élites han abrazado de forma más temprana que ninguno de los tres países el credo monetarista y (neo)liberal (mayoría de las élites atlánticas en los gabinetes de Franco a partir de 1959, conversión madrugadora del PSOE al socialliberalismo etc.). Esto les ha hecho priorizar en fechas más tempranas la lucha contra la inflación y la desregulación del mercado de trabajo frente a la lucha contra el desempleo, el desarrollo de políticas industriales y las políticas de flexibilidad interna, aunque con la excepción de los sucesivos gobiernos vascos. El ministro de economía socialista, el navarro Carlos Solchaga, declaraba hacia 1990, varios años antes de las olas privatizadoras impuestas por Maastricht, que “la mejor política industrial es la que no existe”. Entre los antiguos izquierdistas, J. A. Schumpeter, con su teoría de la destrucción creativa, acabó convirtiéndose en España en el “clásico de moda” frente a un Keynes tenido por un obsoleto “teórico de la demanda”. Detrás de este culto a la destrucción schumpeteriana se esconde un modelo de modernización ensañado, también por razones ideológicas de origen interno, con un sector tradicional tenido por inservible y opuesto al progreso, antes que como una pieza clave no fácilmente substituible de la estructura social del país. Esta no sólo no se puede hacer desaparecer sin tener en cuenta su coste sino que, además, puede generar muchos recursos aprovechables para un proceso de modernización más sostenible. En consecuencia: el desempleo español no ha bajado nunca por debajo del 8% de la población activa desde 1982 con un primer pico en 1994 (24%) y otro segundo, ya en circunstancias muy especiales, del 26% (2013). A principios de 2013 el paro se aproximaba a los 6 millones de personas, con un 36% en Andalucía, un 34% en Canarias y un 33% en Extremadura (EPA).
En Portugal, por el contrario, los efectos de la destrucción del sector tradicional han sido menores, su velocidad más moderada y una parte de su sector manufacturero seudotradicional (madera, impresión, calzado, textil) ha subsistido gracias a una orientación exterior apoyada en el pago de bajos salarios y las políticas de devaluación gradual del escudo (crawling-peg) que funcionaron entre 1977 y 1990 (primer pico de desempleo en 1985: 10%, segundo pico 2013: 16%: Lains/Ferreira da Silva org. 2005). A cambio, el país ha ido cayendo en una dependencia “estratégica” de esta estructura salarial que no han podido mantener tras la expansión de la Unión Europea hacia el Este y la irrupción de China en la arena comercial internacional (Lains 2006). También Grecia pudo mantener el desempleo bajo control durante más tiempo que España. Su sector tradicional ha ido disminuyendo de forma más lenta y sus élites políticas abrazaron el monetarismo y el neoliberalismo relativamente tarde (Moschonas/Papanagnou 2004). El primer pico de desempleo lo vivieron los griegos en 1998 (12%), dos años después del ascenso del neoliberal Kostras Simitris a la secretaría general del PASOK, el año del primer triunfo electoral de la derecha española desde 1934. Grecia también consiguió frenar (temporalmente) el aumento del desempleo creando empleo público en el marco de una política clientelar destinada a alimentar el bipartidismo (Kadritzke 2010). El estamento militar, cuyo peso sobre el PIB es el doble del portugués y cuatro veces el del español (del 4% del PIB frente al 2% de Portugal y al 1% de España) también ha tenido aquí un papel sobresaliente y tiene su origen en las disputas territoriales del país con sus vecinos del norte y sobre todo del este.
Esta forma de integración en la CEE no les permitió a nuestros países cerrar la brecha de productividad con respecto a los países europeos más desarrollados. En la industria transformadora portuguesa y española, esta brecha se había venido cerrando hasta 1975 y mantenido estable hasta 1980. A partir de la década siguiente, sin embargo, empezó a ampliarse otra vez a pesar de la quiebra de no pocas empresas del sector tradicional. Hacia 1992 la economía de los PEGs seguía siendo dual, con una mayoría de empresas familiares poco innovadoras capaces de competir internacionalmente sólo pagando salarios bajos o muy bajos, infringiendo normas ambientales y laborales o no pagando impuestos. La productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) sólo llega en España al 67% de las grandes frente al 75% en Portugal y al 79% en Grecia, mientras que hay casos de países centrales del capitalismo renano en los que su productividad puede ser incluso superior a la de las grandes empresas. Estos datos remarcarían aún más el carácter dual de la economía de los PEGs si fuera posible aislar estadísticamente la evolución de la productividad de las PYMES específicamente vinculadas al sector tradicional. Grecia es el país de los PEGs con los ritmos de crecimiento de la productividad más bajos entre 1985 y 1996 (del 11,6% frente al 39,5% de Portugal y el 19,9% de España: Pirounakis 1997: 183), si bien esta empezó a crecer de forma importante a partir del año 2000.
Por tanto: mucho antes del colpaso de 2008 había síntomas claros de que sus sistemas económico-productivos no iban a ser capaces de financiar por mucho tiempo una modernización basada en una “economía social y de mercado” neocompetitiva en lo económico y no autoritaria en lo político. Para poder seguir adelante con su voluntarista proyecto de “economía social de mercado” y evitar la ruptura del consenso atlántico, los gobiernos de los PEGs tuvieron que recurrir en aquellos años al endeudamiento externo, lo cual elevó el coste de la deuda y abrió un amplio frente para las críticas de la derecha. En 1992 Portugal llegó a pagar el 6% de todo su PIB para pagar el servicio de su deuda y España el 5% (1996)[1]. Es verdad: las transferencias comunitarias llegaron a ser importantes (del 2,4% del PIB en Portugal entre 1994 y 2000). Sirvieron para modernizar muchas infraestructuras del país, para crear una red de ambulatorios y escuelas públicas, un sistema administrativo más eficiente, abrir oportunidades de trabajo cualificado para muchas personas, sobre todo mujeres vinculadas al sector público etc. Pero la parte sustancial de ese dinero sirvió para reforzar el proyecto atlántico, por ejemplo para reducir el coste de la circulación de las mercancías producidas en las grandes plantas industriales de los principales donantes antes que para fundamentar un desarrollo sostenible al servicio del desarrollo local. El desvío casi total de ayudas para el desarrollo de infraestructuras de transporte privado y por carretera frente al desarrollo del ferrocarril, es muy revelador en este sentido. En términos cuantitativos las ayudas europeas son peladillas [peanuts] en comparación con el coste a medio plazo de este modelo de modernización. ¿Cómo asegurar los derechos y compromisos constitucionales recién adquiridos por las jóvenes democracias en medio de este panorama?
(continua)
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[1] La OCDE no dispone de datos para Grecia y este período.
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