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Los indígenas mexicanos que le ganaron una batalla al gigante Monsanto

 

Juan Carlos Pérez Salazar,  BBC Mundo, Ciudad de México

 Quinta-feira, 31 de julio de 2014

Parte I

La apicultura es practicada por los indígenas desde tiempos prehispánicos. Foto cortesía: Educe S.C. de R.L.

El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia.

Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

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No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.

Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.

Amparos

La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.

Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.

Los indígenas cuidan al máximo la calidad de su miel. Foto cortesía: Educe S.C. de R.L.

Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.

En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.

En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.

“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica a BBC Mundo el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.

En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.

Guerra jurídica

Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.

Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.

Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.

No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.

La autorización a cultivar maíz transgénico también ha causado fuerte polémica en México. Foto Getty Images.

No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.

Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.

A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.

De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.

(continua)