Así lo relata António Ceia, de la UCP Unidade dos Trabalhadores, de Campo Mayor:
Nuestra UCP nació el 20 de agosto de 1975 y se constituyó con 26 fincas que ocupaban un total de 7.6oo ha. Conseguimos mantener una media de 500 trabajadores diarios y en ciertos períodos más de 1.200. Montamos un supermercado abierto al pueblo. Compramos un edificio para una guardería y un centro para ancianos. Montamos un puesto de transformación de carne de cerdo y una granja de aves donde producíamos 5.000 pollos por mes; teníamos 500 gallinas ponedoras. Construimos una majada para cerdos de engorde, por donde pasaban 6oo animales por año para consumo local.
Invertimos 17 millones de escudos (de la época) en maquinaria, ganado, construcciones y equipamiento en dos años. Mejoramos y aumentamos la cabaña ganadera a más de 1.200 cabezas. La UCP sembró más mijo, freijones, patatas y girasol que todos los productores del término municipal antes de la Reforma Agraria.
En nuestras 1.000 ha. de olivar fueron hechas podas de rejuvenecimiento en cerca de 600 e injertadas más de 400. Lanzamos al mercado en esos años más de 80.000 latas de nuestro aceite.
Preparamos una vaquería para 90 vacas lecheras. Proyectamos la crianza de novillos de engorde en estabulación permanente, con base en la producción de forrajes de regadío.
Nuestra UCP fomentó cursos de formación profesional de tractoristas, mecánicos, contables y otros. Contribuyó con materiales y abastecimientos para guardería, Hospital, Centro de Misericordia y para el Hospital de Distrito. Se formó un equipo de fútbol y dos ranchos folklóricos.
Participamos en la formación de la cooperativa de comercialización “Agro-Campo Mayor”, a la que se asociaron más de 500 agricultores.[1]
Era esta actividad diversificada y expansiva la norma de las UCPs, que cada año se reunían en Évora para evaluar sus resultados y planificar las tareas para la siguiente campaña anual, coordinándose y apoyándose entre todos.
En septiembre de 1975 existía el proyecto de continuar con las expropiaciones, y otro millón de ha. estaba ya en trámite de ocupación. Pero a partir de esas fechas, las luchas políticas en el gobierno de la nación provocaron una serie de crisis que desembocaron en noviembre de 1975 en un golpe militar que recondujo todo el proceso de nacionalizaciones de empresas y la Reforma Agraria. Se revisaron expedientes, estimándose excesivas muchas de las expropiaciones, que poco a poco fueron devolviéndose a los antiguos dueños, o sometiéndose a subasta. En septiembre de 1977, una ley del gobierno socialista, llamada Ley Barreto, por el nombre del Ministro de Agricultura que la impulsó, vino no sólo a poner fin a la Reforma sino a iniciar una importante Contrarreforma que en diez años acabó con todas las UCPs y las ocupaciones de 1975, volviéndose de nuevo a la situación anterior al golpe del 24 de abril de 1974: enorme concentración de la propiedad en pocas manos, gran número de campesinos sin tierra y sin trabajo… pero ya sin un movimiento de trabajadores con suficiente fuerza para ofrecer contestación.
Mientras todo esto acontece, en España se reinstaura la democracia consensuadamente, tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, sin que se produzcan hechos destacables en cuanto a la posesión de la tierra y luchas campesinas. El 25 de febrero de 1983 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Extremadura, y posteriormente el gobierno autonómico, en manos del PSOE, dicta diversas normas encaminadas a mantener productivos los campos e intensificar cultivos, como la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables y la Ley de Dehesas, con posibilidades de expropiación en caso de incumplimiento. Esta medida se llega a poner en práctica con propiedades insuficientemente aprovechadas, algunas pertenecientes a la “rancia” nobleza, como la Casa de Alba, pero la maraña judicial ha impedido la eficacia de las normas, siendo a la postre lesivas para los intereses económicos regionales las medidas, pues los costes de expropiación y de proceso han superado los beneficios de explotación, cedida generalmente a colectivos locales de campesinos.
La Política Agraria Común del mercado europeo en que se encuentran España y Portugal desde su ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, ha implantado una nueva dinámica en la cuestión agraria, creando un nuevo panorama, alejado del modelo de explotación de los siglos XIX y XX. La política de subvenciones a determinadas producciones (soja, girasol…), la penalización de otras (vid, olivo; leche…), los cupos de producción, la invasión de productos muy competitivos sin barreras arancelarias e incluso subvencionados, etc., introducen un modelo globalizado, en cadena internacional, muy tecnificado y capitalizado, con utilización de mano de obra emigrante, barata y sin compromisos, que está haciendo replantearse la cuestión de la tierra, su mejor uso y explotación en este nuevo siglo[2].
Y ese es el nuevo panorama, que cierra página, tras muchas luchas, tanto sufrimiento y represión, tan grandes desigualdades, en unas regiones donde, a pesar de todo, la posesión de la tierra sigue estando concentrada en poquísimas manos y el movimiento campesino ha perdido la fuerza y organización que fue ganando a lo largo del siglo XIX y tuvo momentos de pujanza enorme en el siglo XX.
[1] CAYETANO RODRÍGUEZ, M.: La Reforma Agraria en la Extremadura de la II República y el Alentejo portugués de la Revolución de los claveles: similitudes y diferencias. Beca de creación literaria. Consejería de Cultura. Junta de Extremadura. Mérida, 2000. Pg. 25-26.
[2] Téngase además en cuenta que si a principios del siglo XX, como en el XIX, más del 80% de la población activa extremeña y alentejana se dedicaba al sector agro-ganadero, en 1960 bajan al 66%, en 1975 a menos del 50% y en el año 2000 no ocupa a más del 16% de la población activa, y con un nivel bajísimo de ocupación real, pendientes de empleos comunitarios y obras oficialmente subvencionadas.