ESPANHA, EXISTE?

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LA MONARQUÍA ACTUAL ES ILEGAL

La mayoría de los países que durante su historia han sufrido crímenes de lesa humanidad, han condenado y ajusticiado a los responsables de las dictaduras militares o regímenes autoritarios que los provocaron. Estos son los casos recientes de Argentina y Chile, donde se han perseguido a los responsables de la dictadura del general Videla y Augusto Pinochet respectivamente. De la misma forma en Alemania, la apología al nazismo esta prohibida y perseguida por Ley.

Para nuestra vergüenza internacional, esto no ha sucedido en España. La dictadura franquista no ha sido declarada ilegal; los responsables de los crímenes han vivido impunemente y para mayor escarnio el dictador antes de morir en la cama, nombró como sucesor y heredero de su legado al rey Juan Carlos I.

Antes profundizar en la legalidad de la monarquía actual, vamos a recodar algunas consideraciones que en nuestra opinión son ineludibles.

El gobierno de la Segunda República fue emanado del pueblo en elecciones de 12 de abril de 1931. El rey Alfonso XIII tras conocer la victoria de los partidos republicanos abandona el país. No lo hizo como se ha escrito en la mayoría de los libros de historia “por su amor a España y para salvar al país de una guerra civil”. La realidad, fue que el rey tuvo miedo de correr la misma suerte que el zar Nicolás segundo. El rey huyó despavorido, dejando atrás incluso a su mujer quién tomo otro camino, ya que el rey partió de Cartagena en un barco rumbo a Marsella y el resto de la familia marchó en tren a Francia. Por otra parte, es importante conocer que el monarca salió de España con el equivalente a 48 millones de euros depositados en bancos de Paris y Londres.

Una vez establecido el gobierno de la Segunda República, por una Ley del 26 de noviembre de 1931 aprobada en las Cortes, acusaría al Rey Alfonso XIII de alta traición. Como dijo el ilustre Valle Inclán: “Los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey sino por ladrón”. El monarca fue degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, los cuales no podría ostentar ni dentro ni fuera de España; además no podría reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores. De la misma forma, se le incautan todos sus bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional.

Esta ley sería derogada por otra de 15 de diciembre de 1938 firmada por el general golpista Francisco Franco, quien se había levantado en armas contra el gobierno legítimo de la república. En este sentido, la monarquía actual está concebida bajo un régimen ilegal.

Al comenzar la Guerra Civil Española, Alfonso XIII apoyó fervientemente al bando golpista, afirmando ser un“falangista de primera hora”, donando un millón de pesetas a la causa franquista. Su hijo Juan de Borbón (padre del actual monarca), el 1 de agosto de 1936 cruzó la frontera con intención de unirse a los golpistas, pero estos lo rechazaron. Posteriormente el 28 de febrero de 1941, Alfonso XIII moría en Roma, cediendo los derechos dinásticos a su hijo Juan de Borbón.

Una vez aferrada la dictadura franquista en el poder, Franco aprobaría el 26 de julio de 1947 la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado, por la cual: “La Jefatura de Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde”.Con todo ello, Franco se aseguraba que España era una monarquía, pero que sería gobernada por Franco hasta su muerte o incapacidad, y que Franco tenía derecho a nombrar sucesor, prescindiendo de cualquier otra legitimidad dinástica, en alguien que fuese un varón de al menos treinta años, católico y que aceptase en su integridad las leyes fundamentales del régimen y del Movimiento franquista.

España se constituía en un reino, sin rey. Por la Ley de Sucesión, Franco tendría el poder para elegir su heredero cuando lo considerase conveniente. Esta situación, irritaría a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII que aspiraba a la Corona de España, el cual rompería temporalmente las relaciones con el régimen franquista.

Posteriormente las relaciones entre Franco y Juan de Borbón se reanudaron, llegando a al acuerdo de que el infante Juan Carlos de Borbón, podría educarse en España a partir de 1948. De esta forma, Franco podría moldear al presunto heredero y educarle en los valores de los principios del Movimiento, institucionalizando y consolidando el régimen franquista.

Los borbones que habían vivido plácidamente en Estoril, poco a poco se fueron se acercando a España. El 12 de diciembre de 1959, el príncipe Juan Carlos de Borbón tras una minuciosa instrucción militar, juraba la bandera del régimen franquista en Zaragoza.

El 22 de julio de 1969, el joven príncipe juraría las Leyes fundamentales del reino y del Movimiento Nacional, es decir el ideario franquista. Desde ese momento, Juan Carlos I sería el sucesor designado por Franco para la Jefatura del Estado y asumió interinamente este cargo desde el 19 de julio al 2 de septiembre de 1974 y del 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975 por enfermedad de Franco.

Las relaciones entre la familia Franco y los borbones se tornaron afables y cordiales. El príncipe, junto a la familia Franco, acudieron en numerosas ocasiones a homenajes con motivo del 18 de julio, que festejaba el alzamiento militar contra el gobierno de la República y a los caídos por Dios y por España.

Al anunciarse la muerte del dictador Franco, el 20 de noviembre de 1975, el príncipe Juan Carlos juró acatar los Principios del Movimiento Nacional, destinados a perpetuar el franquismo. Una vez rey, Juan Carlos ensalzó la figura de su progenitor, dando honores de Jefe de Estado al dictador Franco y declarando luto nacional.

Posteriormente llegaría el periodo denominado como La Transición que daba continuidad al franquismo y que constituía una nueva traición a la verdadera democracia de 1931, emanada en el gobierno la Segunda República. La monarquía española y los modelos monárquicos son ilegales a la luz del derecho constitucional y del derecho internacional. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y consciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 2, en su apartado primero dice así: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole u origen nacional o social, posición económica, NACIMIENTO o cualquier otra condición.

Con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la monarquía es ilegal. Ya que incumple los artículos claves que garantizan la igualdad de la ciudadanía en derechos y en el acceso a los cargos públicos. NO SE PUEDE NACER CON LA JEFATURA DEL ESTADO BAJO EL BRAZO. Pero por si esto fuera poco, tal y como hemos visto en este artículo, la monarquía actual está concebida bajo un régimen ilegal, incoherente e inmoral, porque a todas luces nace de un régimen golpista y de carácter ilegítimo.

Nota: Publicámos já este artigo que transcrevemos, com a devida vénia e os nossos agradecimentos do jornal on line Eco Republicano na sua edição de 18 de Setembro. Falando com juristas portugueses colhemos diversas opiniões, sendo consensual que a questão colocada faz sentido, nem todas as conclusões apontam para a aceitação da ilegalidade, sendo mais aceite a tese da inconstitucionalidade. A legalidade formal da monarquia advém-lhe das Cortes Constituintes que consagraram na Lei Fundamental do Estado espanhol a monarquia. Pôr em causa a Constituição de 1978 não será prudente, pois o PP desejaria revê-la por motivos diferentes. A questão da inconstitucionalidade coloca-se porque a aceitação da monarquia foi feita sob pressão, ou seja, resultado de negociações em que a direita impôs condições. Pode, pois, dizer-se que a constituição formal não coincide com o querer do Povo (a constituição material). E portanto as normas da constituição seriam, nesse aspecto, inconstitucionais… Mas não é líquido e não é prudente.

A interpretação que o artigo dá à Declaração dos Direitos do Homem, não será a que é veiculada pelo artigo – se assim fosse ela não teria sido assinada pelos estados monárquicos, e foram muitos que a assinaram. Podemos, no entanto, assinalar a contradição entre monarquia e democracia. A essência da instituição monárquica é anti-democrática no topo da chefia do Estado. E não só. Estas opiniões não retiram o valor moral ao artigo. Porém as leis são como são e à luz do Direito nem sempre as posições moralmente mais sólidas prevalecem. Nas instâncias internacionais, as teses defendidas no artigo não teriam grandes possibilidades – o Tribunal Internacional da Haia, está sediado no reino dos Países Baixos, a União Europeia, no reino da Bélgica…