El parlamento aragonés, con mayoría del Partido Popular, ha cedido a la propuesta de ley de lenguas del gobierno que preside Luisa Fernanda Ruti (PP), y ha consumado lo que podría denominarse de estupidez y ridículo extraordinario sino fuera sobretodo un ataque vergonzoso al patrimonio cultural de los pueblos de España. El despropósito es abominable. Por su propósito, que no es otro que impedir que se denomine “catalán” la lengua que se habla en los pueblos de la Franja oriental de Aragón, catalanoparlantes desde hace casi 10 siglos. La obra de Jesús Moncada, aragonés nacido en Mequinensa y uno de los narradores de mayor significación en la literatura catalana de las últimas décadas, no merece este exilio lingüístico arbitrado no por ignorantes -porque si lo fueran no serían culpables- sino por agresores alevosos incapaces de liberarse de las obsesiones que han mamado del oscurantismo nacionalista español.
Pero el catalán, pese a ser una lengua debilitada y amenazada, es una lengua llena de vitalidad. La novena en número de hablantes entre las lenguas europeas. Y no podrán con ella aunque inventen nombres con el ánimo de fragmentarla y despersonalizarla. No podrán. Si muere el catalán, como mueren las lenguas, será por otras causas. Lo más grave que han hecho es el ataque a la lengua aragonesa, un tesoro que conservan contra viento y marea no más de 6000 hablantes en las tierras aragonesas del Pirineo y el Prepirineo. La “luenga aragonesa”, que se ha desarrollado en el territorio a partir del siglo VIII, pasa a ser denominada desde ayer con el ridículo nombre de LAPAPIP, un nombre que, como un sarcasmo, evoca aquellas construcciones léxicas que con tanta intención como mala bava inventó el genial y excelente escritor Jonathan Swift para describir las exóticas y sorprendentes sociedades que visitaba Gulliver.
El daño alevoso que ha consumado el parlamento aragonés con su propio patrimonio lingüístico y especialmente con la luenga argonesa es de tal envergadura, que solo puede tildarse de parricidio lingüístico. Aunque probablemente el tamaño del despropósito lleva implícita la solución, porque cuando los escaños parlamentarios sean restituidos a la honestidad intelectual y al sentido común democrático, se enmendará con la derogación de la ley. Pero hasta que eso llegue, la lengua aragonesa languidece, no ya por falta de ayuda de quienes deberían protegerla, sino por el ataque a su dignidad y la negación de una personalidad cultural e histórica que nadie tiene derecho a negarle.
Artículo 3.3. de la Constitución Española:
“La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”
Hoy mismo, la Vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en relación a la disparatada ley de lenguas del Gobierno de Aragón, ha manifestado el apoyo del gobierno a la decisión del parlamento aragonés y ha pedido respeto. No obstante, ha señalado que en ningún caso podrían hacerse cambios similares con el castellano, porque es la lengua del Estado y está protegida por la Constitución. Haciendo gala de su capacidad habitual para interpretar la realidad ha dicho, textualmente: “El castellano es la lengua del Estado ‘porque lo dice la Constitución’”… ¿Alguien puede aducir argumentos más sólidos que ese? ¿Para qué vamos a molestarnos en recurrir a la historia, la cultura, la filología y la sociología, si la Constitución es el único referente de la inteligencia?
E não é “lapapYp”? Porque, que eu saiba, puseram-lhe o “nome” em prepotente castelhano.