Ver para creer…

Debo confesar al lector que, de un tiempo a esta parte, me resulta enormemente difícil cubrir el espacio que tan generosamente me ofrece este blog. Catalunya está atravesando un espacio inédito y trascendental en su historia, y en esta quincenal “Carta de Barcelona” me siento en cierta medida comprometido a dar noticia y opinión sobre ello, como he venido haciéndolo en los últimos años, desde el inicio de este proceso.

Pero últimamente en cuanto me pongo ante el ordenador para cumplir con ese propósito parece como si el teclado, de repente, se convirtiera en una barra de hierro, como si perdiera de repente todas sus letras, toda su versatilidad. Y finalmente, como el lector habitual, si lo hay, habrá notado, abandono el propósito y dedico mi atención a otras reflexiones.

¿Desánimo, desaliento…? De ningún modo. La situación no lo permite ni da motivo a ello. Veamos en resumen de dónde venimos y dónde estamos:

a) A instancias del PP el Tribunal Constitucional mutila el nuevo Estatut d’Autonomia de Catalunya, cuando ya había sido aprobado –y domesticado, pulimentado, desnaturalizado…– en el Parlamento Español y había sido sometido a referendo y, pese a todos los desmanes que habían cometido contra él, aprobado.

b) La mutilación del Estatut no impide que los artículos de otras Comunidades Autónomas incluyan en sus respectivos estatutos, copiados literalmente del Estatut catalán, los mismos artículos que en Catalunya han sido considerados anticonstitucionales.

c) Catalunya se ve obligada –en contra de lo que dispone la Constitución– a someterse a un Estatut que no ha sido sometido a referendo, puesto que el que sí lo fue ha sido mutilado esencialmente.

d) La reacción catalana consiste en organizar consultas en todo el territorio para medir la voluntad independentista de la sociedad catalana y, en base a esa voluntad, sólidamente asentada, se reivindica el derecho a decidir como nación soberana y mediante un referendo pactado con el Gobierno y el Parlamento españoles.

e) La respuesta es que la soberanía del pueblo catalán no existe, que solo el pueblo español es soberano, y que la independencia está fuera de les previsiones constitucionales, y, por consiguiente, no hay ni habrá nunca conversaciones sobre eso.

f) En discrepancia jurídica, cívica, democrática… con esta postura, la sociedad catalana, organizada en entidades cívicas y a través de las necesarias mayorías parlamentarias, persiste en su voluntad de celebrar un referendo de autodeterminación pactado y legal, lo cual tensa las relaciones entre Cataluña y España. En esta escalada de tensión, el Gobierno de España utiliza toda su artillería: embajadas y cuerpo diplomático, amenazas, cambios legislativos para debilitar el poder autonómico y recentralizar competencias, estímulos a las empresas que tienen su sede en Catalunya para que la trasladen a otras comunidades con el ánimo de crear pánico económico; endurecimiento de las leyes de orden público y otras para favorecer la represión y limitar el ejercicio de las libertades; invención y difusión de un relato anticatalán mediante la acción homogénea de los medios de comunicación españoles, que difunden noticias surgidas de las “cloacas” del estado, bendecidas incluso por la Conferencia Episcopal y los medios de comunicación de la Iglesia, etc.

g) Pese a ello, en Catalunya se continúa buscando el pacto que permita la realización de un referendo, y se pone fecha al mismo; en última instancia, el Gobierno español, en su cerrazón política, pone el tema en manos del Tribunal Constitucional, que, previamente, ha sido “reconvertido jurídicamente” de órgano “consultivo” en órgano judicial ejecutivo, con capacidad para aplicar medidas coercitivas. La intervención del TC supone la renuncia de Cataluña al referendo y su transformación en una consulta popular no vinculante. Pese a ello, el hecho de que la portavoz del Govern de la Generalitat diera los resultados oficiales de la consulta es considerado un agravio al Estado y se desencadena un proceso judicial de auténtico “escarmiento”, con fianzas millonarias contra embargo de bienes y patrimonio de políticos, inhabilitaciones y causas que aún hoy siguen abiertas. Resultado: la propuesta política catalana, excluida de la política pese a ser de naturaleza política, se ha judicializado comprometiendo no a la fiscalía del Estado o a los tribunales, sinó al Constitucional, es decir, el más alto nivel.

h) En este clima exacerbado, la cerrazón del PP juntamente con la voluntad divisionista de Ciudadanos y la aquiescencia de un PSC purgando, desnaturalizado y rendido jacobinamente a la autoridad del PSOE, maniobran conceptualmente y mediante actuaciones efectivas para presentar a la sociedad catalana ante España y ante los medios y tribunas internacionales como una sociedad escindida en la que la convivencia está en riesgo por la imposición por medios antidemocráticos de un nacionalismo catalán excluyente. El objetivo de la operación, animada por las grandes empresas del Íbex y otros poderes fácticos, consiste en movilizar una supuesta mayoría silenciosa, la voz de la cual es usurpada oportunamente por minorías ultranacionalistas españolas que encarnan las esencias y las herencias del franquismo. En la práctica, fuesen cuales fuesen los postulados y las intenciones, se resucitan prácticas y esquemas mentales colonialistas y, por tanto, supremacistas como armas para desacreditar las tesis independentistas acusándolas precisamente de aquello que practican –con frecuentes conatos de violencia y agresiones– los sectores antiindependentistas. A la judicialización se añade un frontismo provocado y alimentado por quienes necesitan hacer realidad la fractura social en Catalunya.

i) La cohesión de la sociedad catalana se resiente, pero no llega a la ruptura. El clima de convivencia y de respeto en Catalunya se muestra por encima de las maniobras divisionistas. Convocadas elecciones autonómicas, el independentismo concurre a ellas en coalición y, junto con la CUP, consigue la mayoría parlamentaria, pese al juego de ambigüedades y la intervención disgregadora de los grupos afines a Podemos que giran en torno a la figura de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Con dicha mayoría hace lo que corresponde a los partidos que ganan las elecciones: establecer hojas de ruta para llevar a cabo el programa con el que ha concurrido a las elecciones. Los grupos antiindependentistas del Parlament Català practican –y están en su derecho– un obstruccionismo permanente y mantienen una actitud demagógica también persistente para irradiar la idea de fractura social –y aquí, salvo que se les negase la honestidad política, ya no es tan claro que estén en su derecho.

j) Sin abdicar de la posibilidad de llegar a un referendo pactado, el Parlament de Catalunya y el Govern ponen en marcha el referendo, de acuerdo con los fines y compromisos electorales de la coalición. El Estado español ha evitado tratar políticamente un conflicto político y ha planteado a Catalunya una única alternativa: renunciar a la reclamación de soberanía y a la consulta referendaria. Y Catalunya plantea al Estado español que la voluntad popular a favor de un referendo –de resultado incierto, claro está; véase qué pasó en Gran Bretaña con el caso de Escocia– se manifiesta con mayorías suficientes para ser atendida y que, consiguientemente, Catalunya no renunciará a él y lo realizará de todos modos. Tanto la vía estatal como la catalana son claramente unilaterales, porque no se ha llevado a cabo el diálogo que Catalunya reclamaba. Ante la persistencia de la voluntad catalana, el Gobierno interviene la contabilidad y la autonomía ejecutiva de Catalunya en el orden económico. Todos los pagos y operaciones tienen que ser efectuados por el Gobierno estatal.

k) Pocos días antes de la fecha señalada para el referendo, cuando todavía desde Catalunya se abren puertas a pactar “fecha, pregunta y mayorías”, miles de policías y guardias civiles se trasladan a Catalunya para reprimir el referendo. Algunos de estos guardias han salido de las localidades respectivas aclamados por la población con gritos de “A por ellos”. En el momento de la llegada de estos miles de efectivos y de máquinaria antidisturbios, se desencadenan diversas operaciones policiales en Barcelona, que incluyen el registro de las oficinas de la Conselleria d’Economia y de la sede de la CUP, un partido político independentista. Frente a las oficinas de la Conselleria se agrupan desde primera hora de la mañana centenares de personas, que a lo largo del día llegaron a ser treinta mil según cálculos de la Guardia Urbana. Frente al local de la CUP, donde se presentaron diversas furgonas de policía con protecciones y armas antidisturbios, se concentraron rápidamente militantes y ciudadanos con el ánimo de bloquear el acceso y permanecieron allí en actitud de resistencia pasiva y pacífica durante las horas que duró el intento policial de penetrar en el local. Ahora, dos hechos extraordinarios y sumamente incomprensibles para cualquiera que aplique el mínimo sentido común: 1] Los policías que llegaron a la sede de Economía dejaron los coches en la calle sin vigilancia, y, como se supo a altas horas de la tarde, con armas en su interior. 2] Los policías que se personaron en el local de la CUP para su registro no tenían la orden judicial correspondiente que les autorizaba a entrar, y pese a no tenerla persistieron en el intento. ¿Provocación o irresponsabilidad? Sea lo que sea, nadie ha dado explicaciones hasta hoy ni de lo uno ni de lo otro. Al cabo de unas horas, la policía abandonó el asedio a la CUP, y a medianoche, los responsables de las organizaciones civiles, de acuerdo con los mandos de la operación policial, convencieron a los manifestantes para que abandonaran la concentración, como así se hizo. Pese a ello, pese al carácter pacífico de la manifestación en todo momento [puedo decirlo con conocimiento de causa porque estuve allí, frente a la puerta del edificio, desde antes de las 9 de la mañana], pese a que la manifestación había solicitado y obtenido los permisos correspondientes, pese a todo… los responsables de Omnium y de l’Assemblea Nacional Catalana llevan nueve meses en prisión preventiva: sumados todos los km que sus familiares han tenido que hacer, con criaturas de poca edad o de meses, para verlos una vez por semana a través de un cristal o de una reja durante este tiempo dan una vuelta y media al mundo siguiendo el ecuador.

l) Las repetidas acciones policiales en los días anteriores al 1 de octubre incautaron material y propaganda electoral, efectuaron detenciones… Se dictaron órdenes restrictivas de libertades, pero el día 1 de octubre se abrieron los colegios electorales, con urnas, papeletas y censo. España lo vivió como un agravio y la policía actuó con una contundencia que escandalizó a mundo. Me remito a las imágenes. Y votaron más de dos millones y cuarto de personas. Y más de dos millones lo hicieron a favor de la República Catalana. El Gobierno español, por boca de su presidente, lo resumió así: “No ha habido ningún referéndum en Cataluña”, y al cabo de poco apareció el Rey en las pantallas de los televisores para sancionar y bendecir la acción del Gobierno, la represión policial y las tesis ultranacionalistas; ni una palabra para las aspiraciones de Catalunya. Con ello, el rey abdicó de su función arbitral y pasó a ser parte en el conflicto. Y Catalunya fue republicana con más fervor que antes.

m) Tras fijarse un plazo de algunas semanas i el intento de pacto con el Gobierno español, y habiéndose puesto de manifiesto de modo inequívoco que no estaban dispuestos a respetar ningún acuerdo que no fuera la “imposición” de la autoridad y el orden con aplicación de toda la fuerza del “Estado de derecho”, el Govern de la Generalitat asumió el resultado del referendo y proclamó la República Catalana. La proclamación fue, no obstante, una manifestación sin efecto jurídico, puesto que no se publicó oficialmente. Era un fin de semana. El lunes siguiente se cursaron órdenes judiciales contra los miembros del Govern; el president Puigdemont y algunos consellers estaban en Bélgica y contra ellos se dictó orden internacional; los que habían decidido permanecer aquí, comparecieron ante la jueza Carmen Lamela, en Madrid, y ya no regresaron a sus casas. Los que estaban en Bélgica comparecieron ante la justicia belga, y siguen en libertad. La jueza Carmen Lamela inició el procesamiento por los delitos que el Código Penal castiga con mayor dureza, dando por buena y incluyendo como parte del atestado los informes de la Guardia Civil, sin someterlos a ningún tipo de contraste con la realidad. Unos días antes había recibido la medalla al mérito policial de manos del Ministro del Interior, medalla que añadió a la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil que había recibido en 2016, poco después de que procesara por “terrorismo” a unos jóvenes de Altsasu (Navarra) que habían tenido una pelea en un bar con unos guardias civiles que no estaban de servicio e iban de paisano. Hoy los jóvenes de Altsasu, por una pelea de bar, sin otro daño que contusiones de un lado y otro, están en la cárcel con penas de hasta doce años de prisión, por presuntos delitos de odio equiparados al terrorismo.

n) Mientras, el PP, con la aquiesciencia de las fuerzas autodenominadas “constitucionalistas”, que son aquellas que han pervertido los valores, que alguno tenía, del proceso constitucionalista en la transición democrática, se decreta la intervención de la Autonomía de Catalunya, la disolución del Parlamento y se convocan nuevas elecciones autonómicas, esta vez organizadas por el Gobierno español, con los políticos catalanes en la cárcel o en el exilio, con los dirigentes de la sociedad civil en prisión, con todos los medios de comunicación sometidos a reglas estrictas que prohiben, por ejemplo, hablar de “presos políticos”, con limitación de libertades… Y vuelve a ganar el independentismo. Y volvemos a estar donde estábamos. Con un lío judicial enorme y una suma de despropósitos que no cesa. Ha caído el gobierno del PP víctima de la corrupción endémica del partido y de una moción de censura servida en bandeja al PSOE por las fuerzas parlamentarias más progresistas, que han conseguido a la vez descolocar a Ciudadanos… Pero el lío es enorme en todos los ámbitos, pero especialmente en lo referente a Catalunya. No espero nada, del PSOE, pero el escenario puede ser otro aunque el drama sea el mismo.

Y llegamos ahora a la razón de mi desconcierto, de mi bloqueo a la hora de escribir sobre el día a día… ¿Cómo hacer para que lo que cuente parezca objetivo y convincente? Cuando intento explicar los movimientos y las resoluciones de la justicia española en relación con los procesos abiertos contra Catalunya, a mí mismo me parece tan irreal que no encuentro palabras para convencer a nadie. ¿Cómo es posible que hagan lo que hacen? ¿Cómo pueden persistir en el ridículo y la incompetencia e incluso la ilegalidad –juristas que manejan los conceptos con mayor conocimiento jurídico que yo hablan claramente de prevaricación– hasta este extremo?

Me han animado a escribir este artículo las palabras de los abogados de Carles Puigdemont y otros políticos presos o exiliados, que tienen que defender la causa ante los tribunales europeos. Han dicho recientemente que –y cito textualmente palabras de Gonzalo Boye– “uno de los problemas mayores que hemos tenido es explicar fuera lo que estamos viviendo sin que nos envíen a una unidad psiquiátrica, porque podrían decir: Hostia, se me apareció aquí un chalado que empezó a explicar la historia de lo que ocurre en España y hemos tenido que internarlo; y esto es un problema también con los jueces, porque ellos preguntan: Pero, ¿hay para tanto?, y nuestra respuesta es: No, lo hemos reducido para que parezca creíble… El relato debe tener un sentido lógico… ¿Cómo lo explicas a un juez de un tribunal para que no le parezca increíble? […] ¡La cantidad de horas que hemos tardado en adelgazar los temas… solo para que parezcan tener una explicación lógica!”. Fin de la cita de Gonzalo Boye. Y ahora, Jaume-Alonso Cuevillas añade: “Sobre lo que dice Gonzalo de adelgazar las cosas, imaginaos que en una serie política como House of cards un guionista hubiera hecho un guión como lo que ha pasado en Catalunya en los últimos meses. Al presentarlo, se lo habrían rechazado diciendo: Esto no se lo cree nadie.”

Y así vamos. Ahora el juez Llarena ha cerrado la fase procesal y tiene que dejar el caso listo para el juicio. Pretende que se celebre en la primera mitad del año próximo. Pero, ¿qué pasaría si la justicia alemana resolviera antes sobre el pretendido delito de malversación de dinero público contra Carles Puigdemont y otros encausados? Por eso, ahora toca llevar a cabo estrategias de dilación, y el juez Llarena ha ido enviando centenares i miles de folios a la justicia alemana… en español, pese a que en el caso de órdenes internacionales es obligado hacerlo en el idioma del país receptor. Con ello obliga al tribunal alemán a retrasar la resolución.

¡Uf!

Josep A. Vidal

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Google+ photo

Está a comentar usando a sua conta Google+ Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: