LA TIERRA DEVASTADA – 19- por Moisés Cayetano Rosado

A mediados del mandato del último Gobierno Provisional, el 2 de abril de 1976, se aprueba la Constitución Portuguesa, que en su artículo 80 dice:

A organização económico-social da República Portuguesa assenta no desenvolvimento das relações de produção socialistas, mediante a apropriação colectiva dos principias meios de produção e solos.

Y el artículo 96:

A reforma agrária é um dos instrumentos fundamentais para a construção da sociedade socialista.

Posse útil da terra e dos meios de produção directamente utilizadas na sua exploração para aqueles que a trabalham.

Aunque, eso sí, ese mismo días se publicaba un Decreto-ley de Reforma Agraria que limita las normas para la expropiación, y se completa con otro el 23 de junio que en el fondo no sólo paraliza las ocupaciones sino también las expropiaciones.

El I Gobierno Constitucional va de 23 de junio de 1976 a 7 de diciembre de 1977, siendo Presidente de la República el Teniente Coronel Ramalho Eanes (que lo será por 10 años) y Presidente de Gobierno Mario Soares, con todos los ministros socialistas. Tomará decisiones aún más drásticas que las de los últimos meses del anterior gobierno. Lopes Cardoso es destituido en noviembre como Ministro de Agricultura, “por no conseguir impedir el control del PCP en Alentejo”, según sus propias confesiones; su sustituto, António Barreto, elabora la Ley más famosa del periodo de revisión de la Reforma Agraria: la 77/1977, de 29 de septiembre, conocida como “Ley Barreto”. En ella, subyace la intención de implantar un sector capitalista económicamente fuerte en las mejores tierras, dejando las peores a las UCPs, según Carlos Amaro. Se imponen muchas más limitaciones a las expropiaciones, revisando todas las ya realizadas y anulando muchas, y se otorgan más reservas a los antiguos propietarios.

A partir de ahí, se inicia un proceso de revisión permanente, que continuarán los sucesivos gobiernos: el II Gobierno Constitucional (7-12-77 a 27-8-78), presidido por Mario Soares de nuevo; los III, IV y V (28-8-78 a 2-1-80), de concentración de centro-izquierda; el VI y VII (3-1-80 a 24-4-84), social-demócratas, y los posteriores en alternancia socialistas/socialdemócratas, hasta la actualidad.

En 1982, una revisión constitucional (la primera) suaviza los términos de la Reforma Agraria, y otra de 1989 (la segunda) los hace desaparecer, hablando de explotaciones agrarias, política agrícola e incentivo a la actividade empresarial, em particular das pequenas e médias empresas (artículo 86), olvidándose de las UCPs.

Así, en el artículo 92, indica que as terras expropiadas serão entregues a título de propriedade ou de posse, nos termos da lei, a pequenos agricultores, de preferencia integrados en unidades de exploração familiar. En cualquier caso, “papel mojado” pues ya no se expropiará más, sino que se acabará el proceso de devolución de lo ocupado por las UCPs, las cuales -las pocas que sobreviven en los años noventa- se transformarán en lo que la Constitución y las normas priman -además de las explotaciones individuales-: cooperativas tradicionales.

En ese año de 1982 ya sólo quedan 355 UCPs, con un área útil de 473.000 Ha. de tierra de mediana y mala calidad, y 20.300 trabajadores efectivos. En 1989 las UCPs son únicamente 225, teniendo bajo su control 236.000 Ha. y componiéndolas 12.000 trabajadores. En los años 90, como decía, van desapareciendo, desmantelándose por inanición, falta de tierras, denegación de subvenciones y préstamos, etc.

En el proceso de despojo e incautación se aplicó la GNR con todo tipo de materiales antidisturbios, recurriendo a los antiguos métodos represivos del salazarismo: tanquetas, armamento pesado, perros de presa, porras eléctricas, helicópteros, etc. que no dudaban en utilizar, para devolver tierras, ganados, maquinaria, incluso el beneficio producido por las UCPs en forma de embalses, naves industriales de transformación, centros sociales, culturales y asistenciales, etc.

Más de 500 sentencias del Tribunal Supremo de lo Administrativo favorables a las UCPs han sido incumplidas, y una nueva Ley de Bases de la Reforma Agraria (ley 109/89) acabó con todo el sueño utópico de una Revolução dos Cravos que tuvo en la Reforma Agraria revolucionaria su seña de identidad más progresista y radicalmente social.