4. PROMESAS Y REALIDADES EN LOS MOMENTOS INICIALES DEL CAMBIO POLÍTICO.
4.1. En España.
Tras caer la monarquía autoritaria de Alfonso XIII en España, por los resultados adversos para sus apoyantes en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el Gobierno Provisional formado dos días después significó una gran esperanza para las capas populares y mayoritarias de la población en general y para los campesinos pobres (la inmensa mayoría) en particular. El que el Ministro de Trabajo nombrado fuese Francisco Largo Caballero lo reforzaba; él representaba la línea revolucionaria dentro del PSOE y lideraba la UGT, que junto a la CNT controlaba el movimiento proletario organizado.
Ahora, la Guardia Civil, que había tenido un papel decisivo en la represión del movimiento campesino y fue la principal barrera protectora de los grandes latifundistas extremeños y andaluces, iba a contar con el freno de un Gobierno que tenía entre sus prioridades el solucionar los graves problemas de los campos del Sur. Si bien ni para el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, ni para el Presidente del Gobierno, Manuel Azaña, los problemas del campo estaban entre sus prioridades, para Largo Caballero constituían una preocupación de primer orden. No en vano la UGT, de la que era líder carismático, había creado una rama sindical especial en 1930 para abordar estas cuestiones: la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), que en el verano de ese año ya tenía 36.600 afiliados.
El 20 de abril se publicaba el Decreto de Términos Municipales, por el que no podían ser contratados trabajadores de otro lugar, en tanto hubiera parados en la localidad, para impedir la bajada de salarios y la importación de mano de obra más dócil ante conflictos. El 29 de abril se decretó una Prórroga de Arrendamientos, que impedía la indiscriminada rescisión de contratos por parte de latifundistas boicoteadores. El 8 de mayo, se estableció el Decreto de Jurados Mixtos patronos-trabajadores para dirimir paritariamente los conflictos. Un día antes se publicaría una importante Ley: “de Laboreo Forzoso”, para fincas insuficientemente explotadas, completándose así una serie de medidas, elaboradas desde el Ministerio de Trabajo de Largo Caballero, y desde el Ministerio de Justicia, también bajo otro titular socialista: Fernando de los Ríos.
Aunque la propiedad seguía intacta, ya se trazaban las primeras líneas de una cobertura socio-política que permitiera una redención de las clases más oprimidas y chantajeadas del país: la del campesinado sin tierras, jornaleros, arrendatarios y aparceros, que hasta ahora sólo conocían la inestabilidad económico-laboral y el hambre.
La Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, bajo el mismo Gobierno, establecía en su artículo 44:
Toda la riqueza del país, sea quien fuese su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y las Leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podría ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos, la propiedad podrá ser socializada.
Sin embargo, el Gobierno se va a encontrar con la resistencia activa de los grandes propietarios, que desobedecen y boicotean las normas cuanto pueden, incumpliendo leyes, decretos, acuerdos, etc., lo que lleva a graves enfrentamientos locales, saldados algunos con muertes; las Fuerzas Armadas colaboran muchas veces en la represión de las protestas campesinas, colocándose al lado de los propietarios, con una inercia de siglos, que en el caso de la Guardia Civil no es más que la consecuencia de la razón de su creación: proteger la propiedad y el “orden” en los campos.
La CNT efectúa en diciembre de 1931 invasiones de fincas no explotadas en La Vera y Campo Arañuelo, y la UGT realiza diversas huelgas, en protesta por el incumplimiento de las normas gubernamentales y la actuación de las Fuerzas Públicas. Gabriel Jackson, que ha estudiado con detenimiento esta etapa, habla de descontento en el campo extremeño, con quemas de cosechas, cortijos, etc. Y Paul Preston recuerda la aspiración que ya desde la época de la Dictadura de Primo de Rivera tiene la UGT: colectivización de las tierras que deben expropiarse a los latifundistas, lo que es una declaración de principios de acción (expropiaciones) y gestión (explotación colectiva de los recursos).
En cualquier caso, el año se cierra sin que los problemas del campo hayan entrado en vías de solución. Y seguirá pasando el tiempo sin que la situación mejore. Como escribe el novelista extremeño Pedro de Lorenzo en su novela Gran Café, publicada en 1974:
Otra vez se fueron a las fincas. Y otra vez la Guardia Civil levantó atestado. Todo parecía igual. Pero a la mañana siguiente, la Guardia Civil mandó desalojar las tierras ocupadas. Había terrenos que no se cultivaban desde mediados del siglo XIX. Fincas de pastos y encina. La más parcelada ese año fue Las Golondrinas, lindera a La Quintana. Las Golondrinas es una dehesa enorme. Se les aconsejó, al echarlos, que aguardasen la reforma agraria. Y lo que ellos decían:
– Para entonces ya se ha pasado el tempero.