CARTA DE BARCELONA – A SITUAÇÃO CATALÃ – por JOSEP A. VIDAL

No es fácil describir y analizar en este momento la situación catalana, porque, a pesar de estar enquistada políticamente, los hechos se están sucediendo con una notable aceleración en los últimos días y los escenarios que se producen cambian notablemente de un momento a otro, sin que ello suponga ningún cambio en las posiciones enfrentadas. El gobierno catalán, en aplicación del compromiso contraído con sus votantes, avanza paso a paso en la realización del proceso anunciado de autodeterminación. Nótese, no obstante, que “autodeterminación” no supone necesariamente “independencia”, dado que un resultado posible es el “no”; pero sí supone capacidad de decisión, es decir, soberanía, y esto es lo que realmente se niegan a aceptar el gobierno español y sus adláteres. En este proceso, el gobierno catalán, el parlamento y la población, han mantenido abierta permanentemente la llamada al diálogo y al entendimiento, establecidos de modo que no supongan renuncia a la reivindicación de soberanía. Por otro lado, el gobierno español permanece enrocado en su oposición a cualquier diálogo, debate, resolución o actuación política que presuponga el establecimiento de un régimen de igualdad entre las partes en conflicto, porque ello significaría la aceptación de la soberanía catalana. Con el argumento de que la soberanía es patrimonio exclusivo y constitucional del pueblo español, exigen como condición sine qua non para el diálogo, que la Generalitat y el Parlament de Catalunya renuncien a plantear el debate autodeterminista que les exige una gran mayoría de la sociedad catalana, muchos independentistas (no todos, porque los hay que consideran que la fase de diálogo ya está superada) y muchos contrarios a la independencia (no todos, porque los hay que se adscriben a las consignas antisoberanistas y consideran que el gobierno español no tiene nada que hablar de igual a igual con la Generalitat). El planteamiento es este, y las posiciones son irreconciliables en este momento. Lo que para unos es irrenunciable, la soberanía catalana, para otros es inadmisible.

Enrocadas ambas posiciones, las piezas se mueven sobre el tablero sin posibilidades de resolución del juego, en una especie de situación de “tablas” permanente que impide la resolución de la partida en un sentido u otro. La distribución de las piezas en el tablero –el escenario– cambia con cada movimiento, pero la partida está detenida, estrangulada. He utilizado el símil de la partida de ajedrez para ilustrar las posiciones, las dinámicas y los cambios de escenario en la situación actual en Catalunya; pero, el símil del ajedrez no sirve para describir realmente lo que ocurre por una razón muy simple: porque los jugadores o contrincantes no juegan en las mismas condiciones, porque no tienen posiciones de partida iguales. Hay uno, el Estado, que controla los mecanismos y procedimientos del juego y se considera legitimado para “dictar” al otro, la Generalitat, los movimientos que puede o no puede hacer. Y, por consiguiente, hay un contrincante que juega libremente y otro que juega al dictado de su propio contrincante, y la partida es así imposible. No obstante, ni el Parlament Català, que fue elegido por la sociedad catalana con un mandato mayoritariamente soberanista, ni el gobierno de la Generalitat, que emanó de dicho Parlament, pueden sustraerse al cumplimiento de la voluntad mayoritaria del electorado catalán; por lo tanto, sin renunciar aún a jugar la partida planteada sobre el tablero, han buscado vías alternativas en pro de la prevalencia de la democracia ante la restricción democrática legalista. Sin la fuerza de la ley no hay democracia, dicen unos; sin democracia, la ley es solo fuerza, dicen los otros. Aprovechando al máximo los resquicios legales que el Estado no ha conseguido obstruir, el Parlament de Catalunya, utilizando al límite, su mayoría, ha dibujado un marco legal, lo más sólido posible en su fragilidad, que le permita avanzar en el cumplimiento de su compromiso político con el electorado. Este marco legal, fuertemente contestado por la oposición parlamentaria catalana y por el gobierno y el parlamento españoles, ha permitido la celebración de un referendo de autodeterminación que el Estado ha intentado impedir, utilizando todos los medios a su alcance con independencia de que fueran nobles o innobles, legales o arbitrarios, adecuados o desproporcionados, comedidos o desmedidos e incluso brutales. Catalunya ha vivido, y vive, en estado de excepción, con todo lo que esto conlleva y con el inconveniente de que la excepcionalidad no ha sido declarada en ningún momento, por lo que las instancias jurídicas que podrían defender las instituciones catalanas no pueden actuar contra una situación que, no habiendo sido declarada, no tiene existencia jurídica. El gobierno español ha construido así un discurso en el que la Generalitat puede ser víctima, pero no puede aparecer como tal, por lo que fácilmente, si se queja, será acusada de victimismo; un discurso en el que se practica un negacionismo absoluto de la realidad catalana, en el que no se admite que existe un estado de indignación en la sociedad catalana y en el que la reivindicación soberanista ampliamente sentida por los catalanes se muestra como el resultado del envenenamiento o del lavado de cerebro llevado a cabo por personajes desquiciados (a los que ponen nombre y apellido), por los medios de comunicación públicos de Catalunya (culpables, dicen, de haber difundido consignas secesionistas) y por el sistema escolar (culpable, dicen también, del adoctrinamiento de los niños y jóvenes en las aulas y las escuelas de Catalunya). Con este discurso perverso, el gobierno español ha procurado, sin éxito hasta ahora, dividir a la sociedad catalana y propagar en España la idea de que los “catalanes de bien, es decir, aquellos que se sienten catalanes y españoles al mismo tiempo”, viven en un régimen de persecución y terror en Catalunya. La perversidad de este discurso, que alienta a la “reconquista”, ha arraigado fácilmente en amplios sectores de la sociedad española, tan entorpecidos aún por los efluvios adormecedores que dejó el franquismo y por las emanaciones de los incensarios de una transición que pretendió disimular las cadenas, cuando no asimilarlas, en lugar de romperlas. La distorsión o la perversión de este discurso no es nueva; se ha gestado a lo largo de muchos años (es recomendable la entrevista con Pérez Royo publicada recientemente en La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/politica/20170926/431561846495/perez-royo-entrevista.html) y ha echado raíces en la sociedad española; ha dado alas al reaccionarismo de las derechas más conservadoras y ha contaminado hasta prácticamente hacerlo desaparecer el discurso de las izquierdas (especialmente de las que tienen vocación y posibilidades de gobierno), que no se atreven a desmentir dicho discurso por temor a perder votos o, como ocurre con quienes fueron grandes figuras del socialismo en la transición, porque han acabado haciéndolo suyo y se han convertido en voceros del engaño. El arraigo social de este discurso perverso es en parte el responsable de los excesos de la policía y la guardia civil en su actuación contra la sociedad catalana el pasado día 1 de octubre, más allá del cumpliento de las órdenes. Y este discurso perverso es el que mueve todas y cada una de las acciones, y de la falta total de empatía, e incluso de la rabia y la antipatía, de cada una de las palabras que pronuncian sobre Catalunya los miembros y portavoces del gobierno español, del PP y sus acólitos; y es este mismo discurso perverso el que, en definitiva, ha dictado las palabras del Rey en su alocución reciente sobre Catalunya, con la que el monarca ha quemado las naves del diálogo, ha tirado por la borda la facultad conciliadora de la institución que representa y ha colocado en una posición de debilidad extrema a quienes, desde la adhesión constitucional incondicional y la supremacía del Estado, intentaban barrer a favor de una tercera vía.

El gobierno español, y con particular saña el PP, solo admite una solución que no ponga en tela de juicio la supremacía del Estado español en Catalunya y que sea a su vez un restablecimiento de la relación de sumisión de Catalunya a la condición de Comunidad Autónoma, tutelada, limitada, administradora exclusiva de competencias “delegadas” que, como el gobierno español ha demostrado con su actuación, pueden serle otorgadas o sustraídas impunemente. Los movimientos de la Generalitat y de la sociedad catalana en su conjunto (en su amplia mayoría) han colocado al gobierno del PP, al Estado español, a la sociedad española y a la Corona cara a cara con sus propias debilidades y han puesto en evidencia su fracaso político y su falta de competencia. La participación de más de dos millones de catalanes en el referendo prohibido y vapuleado ha herido el orgullo, la vanidad del gobierno y del Estado español. La cuestión catalana es ante todo política, pero es también emotiva: para los catalanes tiene un componente de dignidad, mientras que para las instituciones españolas y para amplios sectores de la sociedad española es una cuestión de orgullo y de amor propio. Catalunya, por dignidad, no claudicará y España, por un orgullo y una vanidad vetustos, solo aceptará hablar con una Catalunya vencida. Puede parecer un planteamiento guerracivilsta, pero no lo es: estamos así, por lo menos y con matices, desde el siglo XVII. Y ya es hora de acabar y ajustarnos a la realidad: Catalunya es capaz de gobernarse por sí misma y España puede vivir perfectamente sin Catalunya. España y Catalunya pueden mantener vínculos muy arraigados, y pueden establecer formas de cooperación, de convivencia y de solidaridad muy beneficiosas para todos. Pero solo desde la voluntad de encuentro entre iguales. Desde el respeto más absoluto de uno a la identidad en igualdad del otro.

Josep A. Vidal