CARTA DE BARCELONA – ¿Podría Portugal ser una comunidad autónoma de España? (Con perdón) – por JOSEP A. VIDAL

 

Si alguien quisiera expresar el grado máximo de la incoherencia podrá recurrir a la lógica política de la democracia española. La coalición independentista Junts pel Sí, formada por fuerzas soberanistas, pudo concurrir a las elecciones parlamentàries en Catalunya con un programa independentista, en coincidencia de objetivo con las CUP, que se presentaban separadamente. Los programas electorales siguieron los trámites reglamentarios ante la Junta Electoral y no recibieron ninguna objeción. Ahora bien, habiendo obtenido la mayoría parlamentaria, todas las iniciativas del Parlament catalán para hacer posible la independencia en cumplimiento de su programa electoral han chocado contra la intervención del Gobierno español, que, incapaz de asumir el problema político, ha dotado de poderes ejecutivos al Tribunal Constitucional, que debería ser solo un órgano consultivo, y ha puesto en guardia o activado la maquinària represiva del Estado en todos sus frentes –gubernamental, parlamentario, judicial, policial y militar– contra el objetivo catalán avalado por la mayoría parlamentaria de obtener la independencia por la vía pacífica, democrática y pactada.

Los resultados políticos y sociales del nefasto comportamiento político del Gobierno español son, hasta este momento, un auténtico despropósito en todos los sentidos, por mucho que la diplomacia española se esfuerce en disimularlo mediante una narrativa jurídicamente torticera, políticamente falsa y éticamente tóxica. Todo ello con el apoyo de Ciudadanos, que exige al Partido Popular el imposible de escorarse aún más a la derecha, con el beneplácito incondicional del Partido Socialista y con la tibia y ambigua discrepancia del bloque de Podemos en todas sus diferentes concreciones.

Los presidentes de las dos asociaciones ciudadanas más significadas en el activismo cultural y social, favorables a la independencia, que han liderado las movilizaciones pacíficas del independentismo en los últimos años, han sido encarcelados como medida preventiva a la espera de decisiones judiciales en relación con las acusaciones que pesan  sobre ellos de sedición, un delito que puede castigarse con penas de hasta 15 años de cárcel y que no han cometido en absoluto más que en el imaginario de la fiscalía y de la judicatura de la Audiencia Nacional, heredera de aquel organismo nefasto que fue en el franquismo el Tribunal de Orden Público.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y todo su gobierno han sido destituidos sin base legal ni autoridad para ello, en virtud de un artículo de la Constitución que permite otras actuaciones de control, pero en modo alguno autoriza al Gobierno español a usurpar el voto popular y destituir a cargos electos democráticamente ni a disolver el parlamento catalán. Pero este detalle, a los insignes miembros del Parlamento español, del Senado español y del Gobierno español, y podríamos decir que también a buena parte de la sociedad española, les importa un rábano. En su imaginario mental –tan subyugado aún por la ideología que tiranizó a España durante cuarenta años después de una guerra implacable contra la República, las libertades, la democracia y la plurinacionalidad–, la “unidad de España” está, si fuere necesario, por encima de la verdad.

El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y una parte del ejecutivo fueron conducidos a prisión de forma vergonzante: esposados con las manos a la espalda, humillados y escarnecidos por los funcionarios que debían velar por su traslado, y sujetos con grilletes. El presidente Puigdemont y el resto del ejecutivo, antes de que se dictara requerimiento judicial contra ellos, viajaron a Bruselas, donde, una vez enterados del requerimiento, se han puesto en manos de la justicia belga.

Las instituciones catalanas han sido intervenidas totalmente. Ya lo estaban de facto, pero ahora se ha pretendido consumar aquella situación por vía del derecho constitucional, aún al precio de desvirtuar, traicionar y pervertir la Constitución española que dicen defender.

Conclusión paradójica: quienes en España pueden concurrir a les elecciones con un programa independentista no podrán nunca llevar a la práctica ese programa, porque, dicen, la Constitución no lo permite.

Pero, ¿es que la Constitución tiene que permitirlo? ¿De verdad puede alguien afirmar con sentido que para ejercer el derecho de autodeterminación y actuar en consecuencia hay que modificar la Constitución? De ningún modo; el orden es este: primero se ejerce la autodeterminación mediante referéndum; después, si la mayoría lo permite, se activa el proceso de independencia en diálogo democrático entre las partes y, llegado el momento, se declara la independencia; a continuación, en el territorio emancipado se abre un proceso constituyente que redactará una Constitución, y en el otro territorio la Constitución vigente se modifica en aquellos aspectos que hayan resultado afectados: definición territorial y fronteras, espacio aéreo y marítimo, defensa, patrimonio, lenguas oficiales, etc.

Dicho de otro modo, con un ejemplo, y que nadie se alarme, porque la pregunta que formulo ahora es simplemente retórica. ¿Podría Portugal convertirse en una comunidad autónoma de España, si los portugueses democráticamente así lo decidieran y España lo aceptara? Creo que sí, y a nadie se le ocurriría decir que no puede ser porque la Constitución española y la Constitución portuguesa no lo permiten. ¿Y qué habría que hacer en primer lugar, modificar las constituciones respectivas y luego acordar la integración o bien primero acordar la integración y luego modificar la Constitución?

El pacto territorial es “previo o anterior” a la Constitución. Y, siguiendo con el ejemplo, si es así para la incorporación de un territorio, debe serlo también para la separación: primero se llega a la independencia y luego se inician los procesos constitucionales.

Ocurre lo mismo en cuanto al pacto social. ¿Es legítima en España la opción política republicana? ¿Qué pasará cuando la mayoría de la sociedad española elija como forma de gobierno la República? ¿Se dirá a la población que es imposible porque la Constitución es monárquica y no lo permite? Eso sería un absurdo jurídico.  Si la mayoría de los ciudadanos españoles dan su apoyo, mediante referéndum o por vía electoral, a la proclamación de una República, ¿qué habrá que hacer primero, modificar la Constitución o proclamar la República? Lo primero será planificar la transición y proclamar la República, y a continuación se abrirá un período constituyente, que redactará la Constitución republicana.

Como han explicado constitucionalistas y juristas acreditados, el pacto territorial y el pacto social son siempre y por definición anteriores a la Constitución, que es subsidiaria de esas dos premisas; y nunca a la inversa. Y creo que, del mismo modo, los procedimientos consultivos y referendarios necesarios para la revisión de esos pactos son un instrumento necesario que no puede ser obstaculizado por la Constitución, porque eso supone la negación, por vía de impedimento, de los supuestos democráticos sobre los que se basa la Constitución del Estado.

Pero estas disquisiciones son probablemente un refinamiento democrático, una exquisitez poco apta para paladares poco educados. “Antes una España roja que una España rota” es frase que se atribuye al político derechista y antirrepublicano José Calvo Sotelo, asesinado en Madrid el 13 de julio de 1936 por una unidad de la Guardia de Asalto. Hoy son aún muchos los políticos españoles con representación parlamentaria o cargos públicos, y son muchos aún los funcionarios y son muchos aún los ciudadanos que antes que aceptar, no ya la independencia de una parte del territorio estatal, sino incluso la fragmentación de la soberanía, prefieren el retorno a un sistema autoritario, si conviene por vía dictatorial o mediante un golpe o intervención militar. E igualmente, ante una Unión Europea condescendiente con el proceso autodeterminista en Cataluña son también muchos, y en gran parte los mismos, los que preferirían una España fuera de Europa antes que formar parte de una Europa indulgente –que no es el caso– con el secesionismo.

No pretendo que nadie dé naturaleza de diagnóstico a lo expuesto: es simplemente una opinión. Y no saben hasta qué punto me gustaría estar equivocado.

Josep A. Vidal

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