Selecção de Júlio Marques Mota
DO ATLÂNTICO AO MEDITERRÂNEO – PORTUGAL, ESPANHA e GRÉCIA EM BUSCA DE UMA SAÍDA
Armando Fernández Steinko
Universidad Complutense de Madrid
Del Atlántico al Mediterráneo:
Portugal, España y Grecia en busca de una salida
Parte VI
(CONTINUAÇÃO)
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Sueño y despertar de la convergencia nominal
La propuesta dictada por los tiempos que se abrieron tras la caída del Muro de Berlín era la convergencia nominal con Europa y la estabilización monetaria en el marco de la radicalización del proyecto atlántico en todas sus vertientes: la cultural, la económica y la militar. La cancelación de las políticas destinadas a consolidar una economía real, que empezaba a ser de facto inviable, fue un hecho decisivo para nuestros tres países. En España y Grecia explica el cambio de ciclo político (transformación del PASOK en el “partido de la bolsa” bajo Kostras Simitris, triunfo de José María Aznar en España). En Portugal creó serias tensiones entre el gobierno y el gobernador del Banco de Portugal Miguel Beleza y le abrió el camino a un gobierno conservador en solitário –aunque compuesto por dos partidos: el PSD y el CDS- por primera vez desde el cambio democrático, (triunfo electoral de Durâo Barroso en 2002). El objetivo de participar en el proceso europeo de convergencia monetaria obligaba a tomar medidas radicales, algunas de las cuales rompían con el espíritu de las transiciones democráticas como la privatización de empresas estratégicas y la erosión de la democracia social y el mantenimiento de monedas devaluadas destinadas a mantener un cierto control del desempleo. Además, obligaba poner fin a las devaluaciones que habían utilizado los gobiernos para enfrentarse al desempleo de 1993/93, a controlar la inflación y la deuda pública por encima de cualquier otro objetivo y a ampliar las bandas de fluctuación cambiaria entre las monedas europeas.
La estabilización monetaria y la reducción del coste de la deuda fue, sin duda, un progreso para los PEGs que han sufrido desde el comienzo de la industrialización una escasez crónica de crédito y tenido que pagar intereses muy elevados para adquirirlo. El caso más extremo es Grecia, donde los tipos de interés no consiguieron bajar nunca por debajo del 30% antes de 1840 ni por debajo del 15% en el período de entreguerras. La deuda pública per cápita de los portugueses y españoles era, con la de los italianos, la más alta de Europa antes de que la Primera Guerra Mundial distorsionara la estructura del endeudamiento público de los países que participaron en la misma (Lains 2006: 46). Los cambios democráticos de los años 1970, que coincidieron fatalmente en el tiempo con la agudización de la crisis del capitalismo en todo el mundo y con el repentino aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos (“Volcker Shock” de 1979) dispararon la inflación y multiplicaron en poco tiempo el coste de ese endeudamiento que necesitaban desesperadamente para estabilizar sus jóvenes regímenes democráticos. La política de estabilización monetaria dio sus frutos. La inflación cayó en Portugal del 13% (1990) al 2% (1997), en España del 7% al 2% entre esos mismos años y en Grecia del 20% (1990) al 1% en 2009. Los intereses nominales a pagar por la deuda pública a largo plazo cayeron en Portugal del 22% (1986) al 3,9% (2006), en España del 12,8% (1986) al 3,3 (2005) y en Grecia del 17% (1995) al 3,5% (2005): un hecho insólito en la historia financiera de los PEGs. La estabilización monetaria y la reducción de los intereses de la deuda hay que leerlos en clave de creación del euro que redujo entre 1995 y el verano de 2008 el spread de su deuda pública con respecto al bono alemán (Sinn 2010: 336s) aunque con un coste monetario importante: el escudo, la peseta y el dracma se incorporaron al euro como monedas revaluadas, lo cual perjudicó, aun más y a medio plazo su posición dentro de la nueva Europa ultracompetitiva.
En teoría, esta coyuntura monetaria podría haber servido para reforzar la base productiva del sur e impulsar la convergencia real en el contexto de una Europa solidaria. Podría haber permitido poner en marcha un proceso de modernización del tejido empresarial tradicional por medio de inversiones en capital humano, innovación tecnológica, formación de clusters regionales y a través de una redefinición cooperativa de la división del trabajo en Europa con la perspectiva de una reconversión ambiental del Continente que ya entonces era más que urgente. Pero nada de esto se hizo. La convergencia nominal sólo sirvió para consolidar una Europa competitiva en la que el más fuerte se lo llevó todo y el más débil sólo se llevó un sueño temporal. El mundo occidental, y los círculos atlántico-europeos en particular, aplaudían la aportación de la convergencia nominal a la modernización del sur pues parecía demostrar el potencial civilizatorio de su apuesta política. Pero ni el mainstream económico, ni menos aún los círculos de poder occidentales -que incluían las propias élites en los gobiernos del sur- abordaron el problema de fondo: cómo crear un sistema económico con capacidad de generar empleo de forma sostenible en el tiempo destinado a financiar una sociedad justa y democrática. Abordar este problema pasaba por redefinir la división del trabajo dentro de la Unión Europa y por cuestionar los grandes ejes del consenso atlántico. Ninguna de las dos cosas estaba en la agenda de los gobiernos europeos.
Una vez arrinconada la izquierda, la única alternativa políticamente viable que se les abría a nuestros gobiernos tras la firma del Tratado de Maastricht era apostar por los sectores menos expuestos a la competencia extranjera aprovechando la reducción del precio del dinero y los demás efectos de la convergencia monetaria. Son aquellos sectores que producen bienes y servicios no transaccionables: la construcción, la educación y la salud -públicas y privadas-, los servicios financieros y naturalmente también el turismo y el sector militar (para Portugal: Ferreira do Amaral 2009: 55ss). Por muy liberal que sea el credo de la época: el desarrollo de estos sectores dependen de la adopción de decisiones políticas, sobre todo en el sector de la construcción que sólo puede crecer de forma significativa si se modifican las condiciones locales de edificabilidad del suelo. Las decisiones sobre edificabilidad, que puede multiplicar por 1000 el valor de un solar en poco tiempo y atraer de la noche a la mañana cantidades ingentes de ahorro internacional -bien de origen legal o ilegal-, está en manos de las administraciones locales que son las que tienen las competencias sobre esta materia. No es casualidad, por ejemplo, que la “reforma del siglo” de la administración local portuguesa, y que le da a las administraciones locales una mayor autonomía, se produjera justamente en 1998. La posibilidad de generar una fuerte dinámica de crecimiento local simplemente tomando una serie de decisiones administrativas locales ha creado un suelo fértil para la comisión de delitos de cuello blanco como la corrupción, los delitos urbanísticos y contra el territorio, la falsificación de documento público o la financiación ilegal de partidos. Los 46.000 millones de euros ganados en 2008 por las empresas españolas de la construcción, combinados con el hambre crónica de empleo de las poblaciones locales, el carácter sumergido de al menos una tercera parte del sector y la cultura de la adquisición de bienes inmuebles tan propia de los PEGs, forman una amalgama de fertilidad explosiva pues acaba contando con la complicidad o el silencio de sectores amplios de la población frente al delito y la degradación ética de su sistema político. A costa de la sostenibilidad urbanística y ambiental, y a costa también de la salud de sus sistemas democráticos. La crisis económica rompió muchos de estos consensos silenciosos y las movilizaciones ciudadanas de 2010 en adelante son expresión de esta ruptura.
En general, los sectores no transaccionales son muy intensivos en empleo, la mayor parte -que no todo- poco cualificado. El más importante, el de la construcción, frena el crecimiento de la productividad y le sustrae recursos financieros al sistema productivo: en la Grecia de los años 1980 hasta un 60% de toda la formación bruta de capital (Freris 1986: 166)[1]. Además puede tener un coste energético, ambiental, laboral y paisajístico extremadamente elevado cuando se deja que actúen libremente las fuerzas del mercado. En España, al menos una tercera parte del sector de la construcción forma parte de la economía sumergida. Incluye hasta 16 niveles de subcontratación cuyos capitales se pierden por los espacios tradicionales más recónditos y geográficamente apartados. En Grecia una quinta parte de todas las construcciones nuevas son ilegales y en la isla canaria de Lanzarote, protegida por una política de defensa del paisaje pero en la que se da un desempleo crónico, este porcentaje llega al 33%. El índice de accidentes laborales en el sector de la construcción es el más alto de toda la economía, un dato que si se combina con su carácter fuertemente sumergido, lo convierte en un sector particularmente perjudicial para la sostenibilidad de las arcas públicas y el interés general[2]. Otros sectores productores de servicios no transaccionables dependen del aumento del gasto público (salud y educación, sector de los servicios a las administraciones públicas). El gasto público efectivamente empezó a crecer de nuevo a partir de 1992. Sin embargo su ritmo de crecimiento fue superior al de su coste, pues la reducción de los tipos de interés y la estabilidad monetaria hizo caer el coste del endeudamiento. Esto amplió el margen de maniobra fiscal de los gobiernos en pleno contragolpe neoliberal: podían ofrecer más servicios públicos por el mismo coste. El aumento absoluto del gasto público pudo compensarse durante esos años con el aumento del PIB provocado precisamente por la fuerte expansión de los sectores no transaccionales, sobre todo el de la construcción de forma que el saldo final (deuda pública en % del PIB) tendió a diminuir en los tres países en los años en los que se estabilizó políticamente el neoliberalismo. Esta milagrosa combinación entre estabilización monetaria y desarrollo de los sectores menos expuestos al mercado generó en los PEGs las tasas de crecimiento del PIB más altas de toda Europa (grupo de los 15): casi del 5% en Portugal y España entre 1998 y 2000, del 4,5% en Grecia en 1997. El crecimiento produjo a una fuerte reducción temporal del diferencial de PIB per cápita con respecto al resto de la Europa de los 15 (España del 79% en 1995 al 91% en 2007). En 2008 el sector de construcción española llegó a dar trabajo al 13% de toda su población activa, en Grecia y Portugal algo menos (media mundial: 7%) un dato insólito y completamente insostenible en el tiempo que refleja un desvío de recursos hacia una actividad de base especulativa altamente destructora de recursos. ¿Pero realmente había muchas más alternativas en el marco del proyecto atlántico?. Es comprensible que muchos ciudadanos del sur empezaran a creerse realmente el proyecto atlántico, a creer que efectivamente había llegado el “fin de la historia” y la participación de los gobiernos de Portugal y España en la guerra de Irak habría sido imposible sin este estado de ánimo colectivo.
El boom tenía, además, un segundo componente estabilizador y fácilmente insertable en una visión neoconservadora de la sociedad. En los PEGs, el porcentaje de familias propietarias de bienes inmuebles es de los más elevados de mundo. Esta realidad se deriva de las dimensiones de su sector tradicional y de la promoción privada de la vivienda por parte de las dictaduras que permitió hacer política social sin elevar el gasto público y favoreciendo a los lobbies financieros. En España y Grecia, los índices de propiedad ya estaba en 2000 muy por encima del 80% y si en Portugal eran cuatro o cinco puntos más bajos, es porque el repentino aumento de la población retornada de las colonias a partir de 1974 hizo aumentar el peso de los alquileres. La dispersión de la propiedad inmobiliaria no sólo contrarresta la precariedad laboral reduciendo la dependencia del mercado de alquileres. Además permiten utilizar el patrimonio familiar como aval para ampliar el endeudamiento privado a pesar -esto es esencial- de la “doble destrucción” que han vivido nuestros países en las últimas cuatro décadas: es el “capitalismo popular inmobiliario” (Fernández Steinko 2003), la versión mediterránea del “capitalismo popular” de corte anglosajón apoyado en los dividendos del sector financiero (también: “keynesianismo bursátil”)
Sólo un indicador perturbana el sueño de la convergencia nominal y del inesperado “fin de la historia”: la balanza por cuenta corriente [Leistungsbilanz]. El rápido crecimeinto de los sectores productores de bienes y servicios no transaccionales encubría una realidad perfectamente conocida: cuando estos aumentan más rápidamente que los que producen bienes transaccionales se está produciendo una pérdida encubierta de competitividad (Ferreira do Amaral 2009). El carácter no sostenible de esta situación se refleja justamente en la evolución negativa de la balanza por cuenta corriente a pesar de la evolución positiva de otros indicadores macroeconómicos. Su déficit se remonta a los años anteriores al euro pero se dispara hasta la estratosfera tras la creación de la moneda única: en Portugal aumenta del +3% en 1986 al -13% en 2008, en España: del +2% en 1987 al -10% en 2007 y en Grecia del -4% en 1980 al -17% en 2008. Era el presagio de la tormenta. Cada país evolucionó de forma parcialmente distinta, pero estos datos demuestran que los tres lo hacían en la misma dirección, que no había alternativa dentro del proyecto atlántico -aproximación ideológica de facto entre el centro-derecha y el centro-izquierda- y que debajo de la convergencia monetaria había algo muy feo que no funcionaba. “Portugal estaba divergiendo desde hacía mucho tiempo de la media comunitaria en términos de bienes transaccionales, lo cual apuntaba a una situación potencial de empobrecimiento relativo a largo plazo que empezó a hacerse efectiva en la primera década del siglo” (Ferreia do Amaral 2009: 57). Es verdad: Portugal, con imporantes diferenciales de productividad, una apuesta estratégica por sectores con salarios bajos y una economía más bien pequeña tuvo que pagar un coste particularmente alto: sólo entre 1991 y 2001 perdió, al menos, un 17% de su competitividad. Pero la productividad comparativa española y griega no ha evolucionado de forma sustancialmente distinta entre 1995 y 2008 (medida en términos de REER[3]) (Petrakis 2012:53). A partir de 2000 la productividad griega empezó a crecer más rápidamente que el resto debido a la modernización de algunos sectores no transaccionales como el comercio y el transporte (McKinsey 2012). Pero las tendencias de fondo, que se reflejan de forma contundente en la balanza por cuenta corriente, son idénticas como idénticas son las ruinas que están contemplando sus sociedades cuando escribimos este texto. Son las ruinas del proyecto atlántico que las élites del sur habían asegurado iba a servir para asentar una sociedad más justa, sostenible y democrática.
(continua)
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[1] Pinourakis da cifras más bajas (1996:217) si bien también este autor resalta críticamente el extraordinario peso del sector de la construcción sobre la formación bruta total de capital fijo
[2] Al menos el sistema sanitario español es universal, es decir, cubre las urgencias también de aquellas personas que ingresan tras un accidente pero no cotizan a la Seguridad Social. Esto quiere decir que los accidentes laborales generados en el sector sumergido de la construcción son financiados por aquella parte de la sociedad que paga impuestos pero no por parte de aquellos que se benefician económicamente de la economía sumergida, lo cual genera una transferencia de recursos del sector público al privado.
[3] REER: “real effective exchange rate”
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